Queremos aminorar la propagación del COVID-19 en las cárceles

La Senadora por la Región de Valparaíso, Isabel Allende Bussi, presentó un proyecto de ley para establecer criterios para la procedencia de medidas cautelares, y así disminuir la propagación del coronavirus en las cárceles, otorgando indultos a personas privadas de libertad, que cumplan con determinados requisitos.
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La Senadora por la Región de Valparaíso, Isabel Allende Bussi, planteó que considerando la preocupación que existe respecto a la población penitenciaria, y haciéndose cargo de lo planteado por la Oficina Alta Comisionada de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados, ha presentado una moción, junto a los senadores Alfonso De Urresti (PS), Francisco Huenchumilla (DC) y Juan Ignacio Latorre (RD), para disminuir la población penitenciaria de personas sin condenas.

Una de las preocupaciones de la parlamentaria es la información recibida desde los reos de Puente Alto, “donde se ha descubierto un caso de un condenado con este virus, lo cual pone en riesgo la salud y la vida de este grupo. Hoy, un tercio de la población penal está en prisión preventiva, alcanzando un número de casi 7 mil personas. Ellos también merecen que respetemos sus derechos humanos”.

La Senadora Allende indicó que “Si bien, el Poder Legislativo no puede intervenir en decisiones jurisdiccionales en procesos en curso, si podemos establecer criterios para la procedencia de medidas cautelares”.

En esta línea, Isabel Allende destacó que “proponemos agregar una disposición transitoria en el Código Procesal Penal para que durante el período de excepción constitucional de estado de catástrofe por la epidemia Covid-19, se apliquen las medidas cautelares distintas a la prisión, y esperamos que el Ministro de Justicia y DDHH, Hernán Larraín acoja esta propuesta”.

El Proyecto de Ley presentado establece que ello será cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Cuando el delito imputado tenga asignada una pena de simple delito en la ley que los consagra;
b) Que el imputado no hubiere sido condenado con anterioridad;
c) Que el imputado no signifique un peligro para la seguridad de la víctima. Particularmente, en el caso de los imputados mayores de 60 años, mujeres embarazadas y con hijos o hijas menores de dos años.