La regulación de la migración no puede hacerse a partir de la desinformación

La Senadora por la Región de Valparaíso, Isabel Allende Bussi, se refirió a la tramitación realizada en el Senado del Proyecto de Ley de Migración y Extranjería, que ha pasado a su Tercer Trámite, esperando que se ratifiquen los avances logrados en materia de estándares de derechos humanos.
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La Senadora por la Región de Valparaíso, Isabel Allende Bussi, se refirió así al despacho del Proyecto de Ley de Migración y Extranjería por parte del Senado “Todos entendemos que nuestro país tiene el derecho y deber de ordenar sus procesos migratorios. Por eso es una buena señal que hemos avanzado hacia una nueva Ley de Migraciones”.

La legisladora continuó su argumento “Nosotros entendemos los flujos migratorios como procesos naturales que han acompañado siempre a la humanidad, las que deben contar con principios que armonicen los intereses de nuestro país junto a la protección de los derechos a quienes deciden dejar sus países en busca de mejorar su vida en el nuestro”.

“La ley de migraciones lo que hace es establecer una nueva institucionalidad, creando una política migratoria como instrumento de planificación de esta que es decidida por un Consejo de Política Migratoria, lo cual permite evitar la discrecionalidad de la autoridad migratoria, sino que actúe de acuerdo a criterios racionales fundados”, indicó la parlamentaria.

La senadora socialista fue clara en señalar “Las cifras demuestran que el Gobierno de Piñera no ha podido ordenar la migración como prometió en su campaña. Muestra de esto es que los ingresos irregulares han aumentado en su administración, y sólo en estos dos últimos años se acercan a los 15 mil”.

Finalmente, Isabel Allende señaló “Esta norma ahora pasa a su Tercer Trámite legislativo, donde esperamos que se ratifiquen los avances que hemos logrado en materia de estándares de derechos humanos, mediante algunas indicaciones que presentamos. En primer lugar, en la protección de las mujeres inmigrantes que han sido víctimas de violencia de género y, en segundo lugar, en la protección de los niños y niñas que se encuentran solos o indocumentados en las fronteras”.