La gran presencia de personal uniformado en Putaendo no tiene razón ni precedentes
El domingo 26 de abril la comuna de Putaendo se vio sorprendida por la presencia de un gran contingente militar y de fuerzas especiales a propósito de la realización de una caravana contra la aprobación del proyecto minero Vizcachitas, situación que la Senadora por la Región de Valparaiso, Isabel Allende Bussi, calificó como grave. “Creemos que la sobrerreacción de las autoridades a cargo de la seguridad en la región respecto de una eventual movilización en Putaendo no tiene ninguna justificación, y simplemente es una muestra de fuerza innecesaria en estos tiempos”.
La Senadora Allende recordó “Fuimos claros en criticar la oportunidad en que la autoridad regional aprobó el proyecto de prospección minera, pues creemos que la falta de participación ciudadana -aunque con justificación legal-, es cuestionable y demuestra una gran desigualdad territorial. Hoy ante la emergencia sanitaria que vive el país lo razonable es suspender todos los procesos de evaluación ambiental que puedan traer consigo alguna consecuencia para las comunidades, y este precisamente es el sentir de la gente de Putaendo”.
La parlamentaria hizo un llamado “Creemos que el Ministerio de Medioambiente debe tener en cuenta que se le prohibió a más de 2000 personas la participación ciudadana en el proyecto dado lo que indica la normativa legal, lo que explica la indignación de la gente. Por ello, es razonable suspender todos aquellos procesos que encierren algún conflicto socio ambiental. Además, obliga al Congreso Nacional a revisar la normativa y darle tramitación a un proyecto de ley que mejora el acceso a la participación ciudadana en las declaraciones de impacto ambiental. Nuestra región posee el triste record de ser la primera con mayor número de situaciones de esta naturaleza, y ciertamente nadie quiere más zonas de sacrificio en el país. La comunidad tiene el derecho a saber y a participar en las decisiones que le afectarán en el futuro”.
Finalmente, Isabel Allende recalcó “Creemos que hubo un error en el accionar de la autoridad militar y de seguridad, pues nada justifica el gran despliegue de fuerza que vivieron las y los putaendinos. Es cierto que existen restricciones en época de excepción constitucional, pero la comunidad tiene derecho a expresarse si toma los resguardos necesarios, como sabemos lo hacían el día de ayer”.
