Hemos oficiado a distintas instituciones para que refuercen la fiscalización en calidad de las aguas

La senadora por la región de Valparaíso, Isabel Allende Bussi, reaccionó ante el tercer estudio de universidades regionales que da cuenta de problemas en la calidad del agua que se está consumiendo, y ofició a la SISS, y los ministerios de Medio Ambiente, Obras Pública, Defensa y Sernapesca para reforzar la fiscalización y poder determinar la procedencia de la contaminación detectada.
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Así reaccionó la senadora por la región de Valparaíso, Isabel Allende Bussi, tras darse a conocer un estudio de la UPLA sobre coliformes fecales en la zona de Ventisqueros, Playa Ancha: “Se trata ya del tercer estudio de una universidad regional en torno a la calidad de las aguas en nuestra región. En efecto, el primero fue levantado por la Universidad de Valparaíso el mes pasado. El segundo se reveló la semana pasada por la UPLA, en torno a la contaminación con arsénico en un APR de Cabildo, que duplicaría lo permitido por la norma chilena. Ahora se suma uno más, relativo a la calidad de aguas cerca de la Caleta El Membrillo, en Playa Ancha”.

La parlamentaria ahondó “Hemos oficiado a la SISS, al Ministerio del Medio Ambiente, al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Defensa, y Sernapesca, para que refuercen la fiscalización y poder indagar de dónde proviene esta contaminación. Además, citaremos a todas estas autoridades a una sesión de la Comisión de Recursos Hídricos, la cual presido, para que se refieran en detalle sobre la realización de estudios y fiscalizaciones sobre la calidad del agua que consumimos en la región de Valparaíso. Por cierto, también contaremos con presencia de las universidades regionales, quienes han levantado esta problemática”.

Finalmente, la senadora Allende comentó que “El problema del agua en la región de Valparaíso no tiene solo relación con la disponibilidad del recurso, sino que también existen problemas de calidad, de lo que es necesario hacerse cargo. De esto se habla poco, pero es una realidad que debemos abordar desde lo constitucional y lo legislativo, potenciando las facultades fiscalizadoras. La salud de la población, el acceso en cantidad y calidad suficiente al agua son derechos humanos, por lo tanto, es lo primero que las autoridades deben tener en cuenta”.