Paltas, escasez hídrica y falta de acuerdos

Durante los últimos días hemos sido testigos de una verdadera guerra dedeclaraciones sobre la situación del precio cada vez más elevado, en el mercadointerno, de uno de los productos que nuestro país comercializa con mayor éxito,en numerosos mercados internacionales, y que en nuestras mesas se hace cada vezmas escaso debido a su alto costo, la palta.

Sin lugar a dudas, la Región de Valparaíso concentra gran parte de laproducción de este fruto, entre las provincias de Quillota y Petorca, zonas quecoincidentemente se encuentran hace algunos años en una situación de estréshídrico, lo que ha llevado a la autoridad a decretar zona de escasez hídrica ya tomar medidas que permiten redistribuir caudales y cuotas de riego entre losdistintos involucrados.

Ciertamente este es un problema que va más allá del simple, pero complejoalza de precio de este producto, y nos lleva a plantear la necesidad de revisarsus causas, implicancias y consecuencias.

Mientras los productores agrícolas señalan no ser responsables, el alcaldede una comuna alejada de las grandes decisiones como Petorca, GustavoValdenegro, alza la voz por su comunidad, y denuncia, lo que para ellos es undesmedido, descontrolado y perjudicial aumentoen el consumo de agua por parte de los productores de paltas, lo que traeríacomo consecuencia poner en peligro el abastecimiento de este vital elementopara las y los vecinos de este sector de la región.

Este conflicto socio-ambiental, a nuestro juicio encuentra su causa en unapremisa algo impopular, pero que es necesario que se exprese –en pleno SigloXXI- y es la desregulación de la agricultura, que durante años ha experimentadoun crecimiento exponencial en sus productos de exportación.

La agricultura durante años ha sido tratada como el «pariente pobre” de laactividad económica nacional, al que hay que subsidiar y ayudar para sudesarrollo, premisa que encuentra gran sustento hasta nuestros días, perorespecto de la cual ha llegado la hora de hacer una gran distinción. En efecto,es necesario diferenciar ente la pequeña y mediana agricultura, que por ciertorequiere de ayuda por parte del Estado, y aquella que hoy se desenvuelve conlas mismas reglas que la primera, pero en mercados extranjeros donde losréditos económicos son altamente más favorables que aquellos del mercadonacional.

A este respecto es dable utilizar un ejemplo, por todos conocidos. Mientrasuna actividad económica como la minería es objeto de un acucioso análisis porparte de una serie de organismos con diversas competencias en el ámbitomedioambiental, la agricultura a la que nos referimos, no debe ni siquierapresentar una declaración de Impacto ambiental, sino que basta simplementetener las ganas de emprender, los recursos suficientes y derechos deaprovechamiento de agua.

Proyectos mineros y de otra naturaleza requieren no solo de la aprobaciónde nuestro sistema de evaluación ambiental, sino de un sinfín –hasta 700- permisos sectoriales para desarrollarse, y la granagricultura, no requiereninguno de éstos.

Es bueno recordar que de acuerdo a la realidad de nuestro país, cerca del66% del consumo de agua está siendo utilizado en agricultura, un 23% en mineríay solo un 7% en promedio, está destinado al consumo humano.

No se trata de favorecer a un sector por sobre el otro, sino de sinceraruna conversación cerrada y oculta por aquellos sectores de la industriaagrícola que, con el antiguo pretexto de ser intensivos en uso mano de obra,pretenden aún, permanecer en un estado de desregulación.

Se trata de introducir las modificaciones necesarias a nuestra legislaciónque posibilite el entendimiento de los diversos actores, pues no es posible quela autoridad deba intervenir a través de decretos de emergencia, por la faltade acuerdo de los regantes y accionistas de derechos de agua, de una y otrasecciones.

De igual manera, debemos avanzar en que la industria agropecuaria se sometaa normas que aseguren el desarrollo sustentable de su actividad, con elementosque reconozcan sus particularidades, pero a su vez con estándares que protejana las comunidades e impidan el deterioro del medio ambiente.

Es necesario también realizar la Reforma al Código de Aguas, que prohíba laespeculación y el acaparamiento de los derechos. Igualmente, avanzar yconsolidar la política de construcción de embalses que comenzó en el Gobiernode la Presidenta Bachelet, y al que, una vez más, algunos actores de laindustria agrícola del rio Aconcagua se oponen.

Finalmente,debemos establecer una política de manejo integral de cuencas, que permita lagestión del agua, a partir del acuerdo de todos los actores, considerando losintereses involucrados.

Los conflictos socio-ambientales crecen en nuestro país. En el Norte ladisputa de las comunidades es con los proyectos mineros: en el Sur, con los energéticosy forestales: y en el Centro, con un sector agropecuario que debe adecuarse alas comunidades en las que se encuentran emplazados. Todo lo anterior en pos deasegurar el consumo humano del agua, y consignarlo como un derecho básico, fundamentalpara nuestra población.