No es sustentabilidad lo que hace la Oficina GPS, sino lobby para proyectos

La Senadora por la Región de Valparaíso, Isabel Allende Bussi, criticó el trabajo que desarrolla la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, dependiente del Ministerio de Economía, indicando que su rol más bien es de lobby para determinados proyectos, dando cuenta que proponía graves retrocesos en materia ambiental.
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La Sala del Senado en el marco del debate presupuestario mantuvo, por un voto, lo resuelto por la Cámara de Diputados en torno al rechazo del presupuesto de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS). Hubo 15 votos en contra de la indicación versus 14 votos a favor.

La senadora Allende respaldó la iniciativa, señalando que “No es sustentabilidad lo que hace esta oficina, sino que lobby en favor de proyectos. Los proyectos que ha respaldado esta oficina están tan alejados del concepto de sustentabilidad, que encontramos proyectos como Mina Invierno, Mina Los Pelambres, el Data Center de Google y la ampliación del Tranque de relaves Talabre. A pesar de encontrarnos en medio de una crisis climática, sanitaria y económica, que nos obliga a pensar otras formas de relacionarnos con la naturaleza, la labor de la Oficina GPS muestra la obstinación del Gobierno con un modelo de desarrollo que llegó a su límite: tenemos que detener la destrucción de los ecosistemas y la contaminación de los territorios”.

A continuación, la legisladora socialista indicó: Cabe recordar que esta oficina fue la gestora del proyecto de ley ‘pro-inversión’ que proponía graves retrocesos en materia ambiental,  además de eliminar la evaluación ambiental de las centrales eléctricas y buscar quitarle facultades a la Superintendencia de Medio Ambiente. También se propuso la privatización de la labor de peritaje de la DGA.

La Senadora Allende reiteró: “Luego de una larga y dura tramitación, el Congreso Nacional rechazó todos los puntos ambientales lesivos. Pero no olvidemos que el Presidente ingresó un veto en contra de lo que habíamos aprobado en el Congreso Nacional, que fuerte y claro determinó que la Superintendencia de Medio Ambiente tiene siempre la última palabra para determinar si un proyecto o actividad debe o no evaluarse ambientalmente”.