Hacia Una Estrategia De Desarrollo Inclusiva Y Sostenible
A solicitud de la presidenta del Partido Socialista, Isabel Allende, con la aprobación de la mesa directiva y comisión política, se convocó a un equipo para coordinar el inicio de una reflexión estratégica de desarrollo para Chile en las próximas décadas. Dicho equipo, conformado por Alvaro Díaz, Alvaro Elizalde, Clarisa Hardy y Carlos Montes, desarrolló talleres regulares de debate y reflexión entre los meses de septiembre y diciembre del 2015. Fruto de ese ejercicio participativo en el que colaboraron más de una treintena de destacados profesionales e intelectuales, militantes y afines al socialismo chileno, se elaboró este documento cuyos editores son Alvaro Díaz, Clarisa Hardy y Daniel Hojman. El equipo coordinador y los editores agradecen la colaboración que prestaron todos los participantes de los talleres, pues sus puntos de vista y minutas han hecho posible este texto.
I. Presentación: un mandato político por el debate de ideas
Este documento surge en momentos cruciales de la sociedad chilena. En la mitad del segundo gobierno de Michelle Bachelet, quien encabeza un exigente programa de transformaciones estructurales, el país se ve sumergido en una fuerte crisis de credibilidad y desconfianza basada en repudiables prácticas que cruzan transversalmente al sistema político, a la esfera pública y a múltiples sectores privados.
Si emprender reformas estructurales que remecen las bases del poder instauradas por el modelo neoliberales de por sí una tarea de incalculable dificultad y encuentra poderosas oposiciones -como las ha sufrido el actual gobierno-,que éstas coexistan con un generalizado clima de crecientes desconfianzasy con una situación económica compleja que, al igual que en el resto de América Latina, golpea a Chile, es expresivo de cuán crucial es el momento actual.
El socialismo chileno debe asumir esta realidad presente, no sólo como un reto, sino también como una oportunidad.
Debe abrazar sin ninguna concesión una exhaustiva agenda legislativa de transparencia y probidad, así como una normativa política propia, tan o más exigente que la legal, para sancionar a sus militantes y autoridades que incurran en prácticas reprochables y no sólo ilegales, recurriendo a la instancia institucional correspondiente, el Tribunal Supremo del Partido Socialista.
Pero, en igual medida, debe perseverar en un proyecto de profundización democrática de libertades y de conquistas por la igualdad, recogiendo retos propios del siglo veintiuno. Sin caer en consignas, ni en un optimismo voluntarista, pero con renovados compromisos en un proyecto de transformaciones, como partido de izquierda de convicciones democráticas, que hace suyas las aspiraciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con valores asentados en la justicia social, el socialismo no puede eludir el inicio de un profundo debate de ideas.
La política debe contener comportamientos ejemplares, pero no puede terminar reducida a éstos. Son comportamientos que deben estar al servicio de aquellas ideas, valores, convicciones y propuestas que justifiquen acceder al poder para ponerlo al servicio de la ciudadanía.
Es en el terreno de las ideas que se juega la política, sin desconocer que la calidad de quienes la ejercen y sus prácticas hacen creíbles o banales tales ideas.
Respondiendo a este momento crucial como un mandato moral, la presidenta del Partido Socialista, Isabel Allende, ha invitado a un grupo de intelectuales y especialistas enpolíticas públicas -afines y militantes del socialismo- a reflexionar más allá de la contingencia, los retos de las próximas décadas para Chile. A tal invitación hemos respondido con este documento que presentamos con ocasión del XXX Congreso del Partido Socialista.
Si el conjunto de ideas y valores movilizadores de la Concertación a fines de los ochenta y durante la transición democrática tuvo su eje en la lucha antiautoritaria y por la reconstrucción de la democracia en Chile, las de hoy debieran tener comparable fuerza y convicción movilizadora.
Ellas se recogen en una propuestade desarrollo inclusivoy sostenible, alternativo al neoliberalismo, pues a diferencia de éste su concepto de desarrollo es superior a la idea de crecimiento entendido sólo como aumento del producto: porque basa su sustentabilidad en las capacidades humanas y en el respeto a los recursos naturales:y porque está destinada al bienestar de todos losciudadanos como miembrosde una comunidad cuyas relaciones están fundadasen sus compartidos derechos. Igualdad de derechos, precisamente, por constituir una comunidad de ciudadanos diversos y distintos.
La convocatoria a adherir una estrategia de desarrollo inclusivoy sostenible es el motor de esta propuesta, cuyos propósitos son la ampliación de las libertades y la reducción de lasdesigualdades. Nada más reñido con las libertades que el neoliberalismo, pues subordina la libertad de decidir a la libertad de tener. Nada más reñido con el sentido de comunidad que iguala derechos ciudadanos que el neoliberalismo, pues sustituye la noción de ciudadanía por la de agente del mercado y consumidor.
Propio del neoliberalismo son, contrariamente, asimilar la libertad económica a la desregulación del mercado y la libertad de las personas a comprar sus derechos, base de las profundas desigualdades que caracterizan a la sociedadchilena en todos los planos. Con el agravante de que las relaciones mercantiles terminan por filtrarse en las relaciones sociales y políticas, con los consecuentes abusos de los que hemos sido testigos recientemente.
Largas décadas de un modelo con estas características ha provocado impactos culturales en que la competencia generalizada, la creciente individuación, la pérdida de sentido de pertenencia e identidad con la comunidad, marcan las vidas cotidianas. La percepción de que el esfuerzo no premia y la voluntad no basta, pero sí la fuerza y el poder, nos acerca cada vez más a la violencia como mecanismo para relacionarnos, desde el ámbito doméstico hasta el espacio público.
Un modelo que violenta a las personas no puede sino generar violencia.
Este conciso documento está destinado a iniciar un debate e invitar, más allá del socialismo, a un esfuerzo colectivo de reflexión que permita construir un proyecto surgido, ya no sólo desde la crítica anti neoliberal, sino desde las propuestas de un nuevo modelo de desarrollo que defina la estrategia de las próximas décadas para nuestro país, entendiendo además que Chile es parte de una América Latina cuya integración es condición para viabilizar un desarrollo sostenible en el tiempo y socialmente integrador.
Cómo progresar y no sólo crecer, cómo convivir y no sólo defender el metro cuadrado personal, cómo desarrollarnos humanamente y no sólo tener, como compartir y no sólo competir, como integrar y no excluir. Esas son las preguntas que un nuevo proyecto debiera responder.
Una tarea de esta envergadura intelectual y política no puede quedar sujeta a un reducido espacio de tiempo y personas. Por ello, proponemos al XXX Congreso del Partido Socialista abrir un debate para el bienio 2016-1017, al interior del propio partido, pero sobre todo invitando a los restantes partidos de la Nueva Mayoría, a otras fuerzas políticas progresistas fuera de la coalición gobernante, a organizaciones y movimientos sociales, así como a técnicos, profesionales e intelectuales deseosos de contribuir al proyecto transformador de Chile para las próximas décadas.
Por lo explicado, este texto no es un programa de gobierno, ni menos un documento técnico. Sólo pretende delinear algunos grandes principios generales, algunos ejes orientadores de una estrategia de desarrollo que permita progresar sostenidamente hacia una sociedad cada vez más inclusiva. Si este documento fuera capaz de provocar un proceso participativo de deliberación en el mundo de la centroizquierda, habrá cumplido con creces su propósito.
No partimos de cero o de la nada. No desconocemos los avances y logros de la post dictadura, ni menos el inicio de una reflexión crítica que, presente en algunos momentos de la Concertación y desestimada en el quehacer urgente de la gestión gubernamental, volvió a ser retomada después de la derrota electoral del 2009. Pero ambas, las truncadas reflexiones críticas que se dieron durante el ejercicio de los gobiernos de la Concertación, así como la que se retomó cuando pasamos a la oposición y que dio origen a la Nueva Mayoría, han carecido de densidad y de un debate colectivo profundo.
Este gobierno y sus necesarias reformas son, sin duda, depositarias de algunos avances en reflexión crítica y propuestas que fundaron la Nueva Mayoría, pero también de sus debilidades y vacíos, así como de posturas divergentes que no han sido suficientemente explicitadas y abordadas. Por tanto, hay un camino iniciado que permite avanzar en la dirección trazada. Pero hay mucho camino analítico y propositivo por recorrer.
No habrá éxito en la tarea de superar el neoliberalismo y avanzar hacia un proyecto alternativo de desarrollo inclusivo -que demanda hoy y seguirá demandando profundas transformaciones-, si no confluyen las fuerzas sociales y políticas que le dan sustento, siendo imprescindible una gran alianza de centroizquierda que recoja lo mejor de las tradiciones socialcristianas y del socialismo democrático, así como las concepciones más nuevas del progresismo del siglo veintiuno.
Un conglomerado de centroizquierda en el que converjan, más allá de comprensibles diferencias en distintos planos culturales que constituyen las identidades singulares de sus partidos y movimientos integrantes, valores compartidos de libertad e igualdad, expresados políticamente en una institucionalidad democrática representativa y en la dimensión social de comunidad, con ciudadanos iguales en derechos.
Un conglomerado de centroizquierda que, en las actuales circunstancias mundiales y nacionales, es capaz de interrogarse sobre sus primordiales retos de progreso económico, no para exhibir estadísticas agregadas que esconden la segmentación de la sociedad chilena, ni para competir en los ranking latinoamericanos en una región que es la más desigual del planeta, sino para poner el progreso al servicio de la ciudadanía.
II. Del agotamiento del modelo vigente al desarrollo inclusivo y sostenible
En distintos planos de nuestra realidad se advierte, desde hace varios años, un agotamiento del modelo económico, de la política como la hemos conocido hasta ahora y de las formas de relacionarnos en sociedad que, no obstante algunos cambios y avances modernizadores, reclaman su transformación. Hemos entrado de lleno a aquello que la literatura mundial caracteriza como potencial trampa del ingreso medio, que muchos países que la vivieron antes que nosotros no lograron sortear, frustrando su desarrollo y, en consecuencia, la calidad de vida de sus ciudadanos. Es el momento de reaccionar y sortear esa trampa.
a) Enla esfera de la economía,en los últimos veinticinco años se ha crecido a una media anual del 4%, se han cuadruplicado las exportaciones, reducido sustancialmente la inflación, saneado y solidificado las finanzas públicas, bastante más que la mayor parte de los países de la OCDE. Aunque lejos de la experiencia de los tigres asiáticos, el producto per cápita en este lapso aumentó 2.5 veces y el gasto social per cápita 3.6 veces, con una reducción importante de la pobreza absoluta y con un aumento generalizado del bienestar material de la población.
Sin embargo, junto con esta cara amable, se han comenzado a constatar los límites estructurales que el modelo económico tiene y que, de no ser abordados y de seguir haciéndose lo mismo, inexorablemente llevarán a que Chile tienda a reducir su ritmo de crecimiento.No queremos estancarnos, sino progresar.
Nuestra economía ha perdido dinamismo. Es cierto que una parte de la explicación radica en el lento crecimiento de la economía mundial y especialmente de China, poniéndose fin al súper ciclo de los commodities. Pero, por otra parte, nos enfrentamos internamente a un agotamiento del modelo de explotación extensiva de recursos naturales, en una nación que ha mantenido inalterable su condición de país exportador de materias primas e importador de tecnología a través de bienes de capital.
En los últimos quince años la ley mineral del cobre se ha reducido considerablemente aumentando los costos de producción. Asimismo, los crecientes costos de acceso a recursos energéticos e hídricos, la disputa de usos alternativos de tierras y agua se combinan con una creciente demanda social en materia ambiental, añadiendo complejidad a la explotación y procesamiento de recursos naturales. El viejo modo de explotación de estos recursos ya encontró sus límites y, de seguir como está, será a costa de hipotecar ésta y próximas generaciones.
Con una lógica económica rentista, a partir de una escasamente regulada y fiscalizada explotación de recursos naturales concesionados en manos privadas (concesiones mineras y acuícolas, cuotas pesqueras, permisos de agua), así como una débil política de desarrollo productivo y pobre inversión pública y privada en desarrollo e innovación, Chile no ha diversificado su estructura exportadora más allá de cinco clústeres de recursos naturales. A pesar de su enorme potencial, estosclústeres no se han profundizado hacia la producción de bienes y servicios de mayor valor agregado.
A lo anterior, se suma que la estructura económica chilena no sólo se caracteriza por grandes brechas de productividad entre grandes y pequeñas empresas, sino por un rezago generalizado: tanto grandes como pequeñas empresas chilenas tienen una productividad considerablemente menor a la de sus contrapartes en la OCDE y en países desarrollados.
La economía chilena concentra las rentas en muy pocas manos. Es una economía que está organizada de tal forma que las rentas de los recursos naturales y las rentas por abuso monopólico se convierten en rentas financieras. Las rentas generan nuevas utilidades que se concentran en pocas manos, generando ingresos desproporcionados a su verdadera contribución económica, lo que permite una acumulación de riqueza cada vez más concentrada. Digámoslo claramente, la apropiación privada de estas rentas por parte de los dueños del capital de estas grandes empresas no tiene justificación económica y ha sido históricamente -más todavía en la actualidad-, la mayor fuente de desigualdades en la distribución del ingreso y de la riqueza en el país.
Son las instituciones y las leyes las que permiten que las rentas sean indebidamente concentradas, apropiación que no deriva de razones económicas o productivas, ni siquiera de las fuerzas del mercado. Este poder económico de los más grandes empresarios del país presiona sistemáticamente al sistema político, sea por la vía ideológica a través de los medios de comunicación, universidades y centros de estudio naturalizando esta lógica como parte de las reglas del mercado: o bien, mediante el lobby a parlamentarios y autoridades públicas: o mediante su captura a través de la corrupción.
Los socialistas consideramos fundamental el rol de las empresas nacionales y extranjeras para el desarrollo del país. Entendemos que es justo que obtengan utilidades que correspondan a la remuneración del capital y de la gestión del trabajo. Pero ambos factores deben remunerarse con una rentabilidad acorde a su aporte al proceso productivo, la que debiera ser mayor cuánto más valor agregado e innovación incorporen en los bienes y servicios que producen. Nada de lo cual está detrás de las desproporcionadas rentas que hoy se concentran en cada vez más poderosos grupos económicos que hacen de la nuestra una economía de mercados oligopólicos, donde el abuso hasta la ilegalidad, como hemos visto recientemente-, son una práctica recurrente.
Y, por añadidura, a expensas de un mercado laboral precarizado, con escasa sindicalización y débiles sindicatos que no pueden negociar colectivamente. La propuesta de reforma laboral del actual gobierno centrada en el fortalecimiento sindical se hace cargo de esta desequilibrada relación entre empresa y trabajadores que redunda, más allá de la calidad de los empleos, en la productividad de las propias empresas cuyos resultados productivos descansan desproporcionadamente -gracias a la dispersión y división de los trabajadores-, en los bajos salarios.
Chile requiere diversificar su economía, expandiendo la infraestructura que la hace posible, diversificando los sistemas de transporte, extendiendo una banda ancha de alta capacidad a lo largo del territorio nacional, fortaleciendo una red descentralizada de centros científicos y tecnológicos. Debe impulsar la modernización de sectores tradicionales, como la construcción y la industria manufacturera existentes. Del mismo modo, requiere apostar por la emergencia de nuevos sectores y encadenamientos productivos, tales como la energía solar y eólica. Y no menos importante, la explotación sostenible de recursos naturales sólo puede basarse en el uso intensivo de ciencia y tecnología, para combinar más productividad con sustentabilidad.
El desarrollo inclusivo y sostenible requiere reducir la apropiación privada de las rentas ilegítimamente habidas para orientar estos excedentes a infraestructura física y conectividad: a educación, ciencia, tecnología e innovación: así como a la promoción de nuevos sectores intensivos en conocimiento para diversificar la matriz productiva y asegurar aumentos sostenidos de productividad.
Esta nueva arquitectura productiva debe basarse en trabajo decente, en el derecho de los trabajadores a organizarse, capacitarse, trabajar en ambientes laborales seguros, menos contaminantes y menos autoritarios: debe asentarse en la modernización de la pequeña empresa que cumple roles que las grandes empresas de producción y distribución no pueden satisfacer: y debe desarrollarse con respeto por los derechos de las comunidades que están en los entornos de los clústeres y cadenas productivas.
b) En la esfera de la sociedad, enfrentamos una estructurasocial compleja que combina baja pobreza absoluta, crecientes sectores medios emergentes que, no siendo pobres, son económicamente vulnerables y una muy reducida elite socioeconómica que concentra las mejores oportunidades y el mayor bienestar.Ello se expresa en la desigual calidad de los servicios a los que se accede, de empleabilidad y remuneraciones, de calidad residencial y de entornos donde se habita.En suma, el aumento sostenido del bienestar general de la población en las últimas dos décadas se da con una distribución muy desigual de la calidad con que se accede a éste y por razones que son ajenas a los esfuerzos y a los méritos de las personas, lo que pone en entredicho las promesas en las cuales confiaron los ciudadanos acerca de las bondades del crecimiento y de la educación.
En sus vidas cotidianas las personas se ven confrontadas a la evidencia de que no hay una correlación entre los resultados macroeconómicos y su bienestar y que la mayor escolaridad tampoco permite acceder a la tierra prometida. Ambos hechos explican la fuerza de las movilizaciones del 2011 y, desde entonces, el inicio de un proceso de discusión sobre los límites del neoliberalismo y la necesidad de repensar una estrategia de desarrollo que promueva inclusión de manera sustentable y sostenida.
El trasfondo de esta estructura social son las múltiples dimensiones de la desigualdad que segregan a la sociedad chilena por razones de origen socioeconómico y étnico, de género, orientación sexual y edad, por el lugar donde se reside, estudia y trabaja, siendo la desigualdad distributiva la que transversalmente cruza estas distintas dimensiones de la desigualdad.
América Latina es el continente más desigual del planeta y Chile, si bien no está en la peor situación de la región, es el país que tiene mayor desigualdad relativa si se lo compara con países latinoamericanos de progresos económicos y sociales comparables. Eso no es admisible y debe ser resuelto. Hay razones éticas y de justicia social, qué duda cabe, pero también las desigualdades conspiran contrael crecimiento y la gobernabilidad democrática. Son estos niveles y extensión de las desigualdades en sus distintas dimensiones las que explican la desconfianza y malestar ciudadanos que nos acompañan. La corrupción que ha aflorado abiertamente no es sino el reflejo de lo anterior y ha consolidado niveles de desconfianza que, por años, han estado instalados en nuestra segmentada sociedad.
El modelo económico rentista y concentrador se manifiesta en las grandes brechas distributivas que separan a los distintos hogares y trabajadores del país. No sólo contamos con uno de los coeficientes de Gini más altos del mundo, sino que las distancias de ingresos de los hogares y del trabajo es de las más fuertes que se conozcan. Tal como lo refiere un reciente informe del Banco Mundial que elogia la progresividad de la reforma tributaria emprendida por este gobierno, el 1% de los chilenos más ricos da cuenta del 13.9% del total de los ingresos percibidos y del 33% del total de ingresos devengados. Más aún, el 0.1% de estos chilenos más ricos representan casi el 20% del ingreso total devengado en 2013. No nos engañemos, puede ser que la implementación de la reforma tributaria haya tenido deficiencias técnicas que hoy requieren una enmienda legal, pero la fuerte oposición y críticas de la derecha y su ofensiva en los medios de comunicación responde a que está tocando el bolsillo de ese reducido grupo de intocables que concentra rentas y riqueza.
Del total de los trabajadores un tercio sigue en la informalidad, pero ello se duplica en los sectores pobres y medios vulnerables. Dos tercios de los trabajadores tienen ingresos muy bajos, tanto como para estar exentos de impuestos. Ello se agudiza en determinadas regiones del país y en muchas de sus comunas, con una desigualdad territorial que es mucho más compleja que la sola diferenciatradicional urbano-rural.
Y estas trayectorias laborales tienen su desenlace a la edad de jubilar, con vastos sectores que habrán de depender de un modesto pilar solidario que apenas puede cubrir las necesidades esenciales de los adultos mayores y con amplios sectores medios y profesionales cuya afiliación al actual sistema contributivo de las AFP implica jubilar con mermas considerables en sus niveles de ingresos después de toda una vida laboral activa, con pensiones que pueden representar hasta un tercio de sus salarios.
El acceso universal a la educación básica y el incremento considerable de la cobertura en la educación media se acompaña de déficits importantes, todavía, en la educación inicial y preescolar, determinando las trayectorias educacionales posteriores de los niños y niñas de los sectores más vulnerables.El auspicioso inicio de un sistema de protección de infancia en el primer gobierno de Bachelet y la recientemente creada Subsecretaría de Educación Parvularia son una gran respuesta, pero tiene los límites de no contar con una legislación general de garantía de derechos que, por lo mismo, tampoco puede garantizarlos para la infancia. Sin dejar de mencionar que, si bien la educación media ha avanzado en universalidad, no logra responder a la problemática de un cuarto del total de nuestros jóvenes que no estudia ni trabaja.
Otro tanto ocurre con la educación superior técnico-profesional y universitaria-, en que si bien ha habido importantes incrementos en los accesos, éstos siguen desigualmente distribuidos, con una asistencia todavía reducida de estudiantes de los sectores sociales más desfavorecidos. La ley corta de gratuidad aprobada a fines del 2015, como anticipo de lo que será la ley que garantizará la educación superior como un derecho, ya está mostrando sus impactos, con un crecimiento de la matrícula de los segmentos estudiantiles que antes estaban excluidos por no contar con recursos familiares. Y de eso nada se dice ni se rescata en el áspero debate político, mientras el énfasis interesado se pone en las debilidades técnicas de las propuestas legislativas.
Pero es la calidad educacional, no sólo el acceso, la nueva fuente de desigualdad. Y aun si la deficiente calidad educacional es transversal y afecta a todo el sistema educacional, público y privado, lo cierto es que el debilitamiento de la educación pública ha implicado que allí la calidad sea aún peor.
Otro tanto se produce en el ámbito de la salud, con un sistema público que está colapsando y con un sistema privado que gravita desproporcionadamente en los bolsillos de las familias. Si bien la primera reforma social fundada en derechos fue la de salud, con el AUGE, nació cercenada al negarle el Congreso binominal de entonces contar con un fondo solidario que, hasta hoy, explica las dificultades de su implementación efectiva, más allá de los rezagos en inversión hospitalaria.
Como podemos apreciar en el ámbito laboral, de la seguridad social, así como en la educación y la salud, es el origen socioeconómico de las personas y sus familias el que discrimina accesos y calidades. Una protección social focalizada en la pobreza, en una sociedad como la chilena en que existe una minoría de altos ingresos que concentra el bienestar y con sectores medios masivamente vulnerables, implica desprotecciones e inseguridades para amplias mayorías. El modelo liberal de bienestar dominante, altamente focalizado, no sólo desconoce derechos universales y es fuente de desprotecciones, alto endeudamiento familiar y mercantilización de los derechos, sino que es responsable de una política pública que profundiza las segmentaciones del mercado.
La necesidad de avanzar en un sistema de bienestar fundado en derechos, como lo son las reformas que está emprendiendo este gobierno y que son el inicio de un camino por el cual perseverar en los próximos años, no es sólo la necesaria respuesta a la desigualdad social. Por sobre todo, avanzar hacia un régimen de bienestar del tipo socialdemócrata, con responsabilidades sociales indelegables e insustituibles del Estado, permite abordar la pérdida del sentido y construcción de comunidad que se ha provocado por largas décadas de vigencia de un sistema de protección social que todavía estáaltamente focalizado y es excluyente, que no reconoce ni garantiza derechos universales, y que está fundado en la subsidiariedad del Estado proclamada en nuestra ilegítima Constitución política.
Es urgente recalcar que estas situaciones de segregación y discriminación en cuanto a accesos y calidad de derechos que afectan a las personas por su origen socioeconómico y étnico, así como por su localización territorial, se ven agravadas por la condición de género. Cualquiera sea la situación socioeconómica, el lugar de residencia territorial y el origen étnico, ser mujer es una condición de desmedro adicional. Así como la pobreza tiene rostro de mujer, las trabajadoras altamente calificadas tienen una brecha en sus remuneraciones respecto de sus pares masculinosdel orden del 40%, no obstante que las mujeres ingresan a los estudios superiores en mayor proporción que los hombres y se titulan más rápido. Las tasas de cesantía de las mujeres son persistentemente más alta que la de varones y en periodos de crisis económica las primeras en perder sus trabajos son las mujeres, así como las últimas en recuperar sus empleos en momentos de reactivación. La ausencia de una potente agenda de género ciertamente afecta a las mujeres en sus derechos de plena ciudadanía, pero por sobre todo al país y su potencial de desarrollo.
¿Cómo es posible que una sociedad esté disponible a despreciar la mitad de sus recursos humanos, como es la población femenina, por el dominio de una cultura que ha naturalizado la discriminación de las mujeres?, es parte de las respuestas que debe proporcionar una estrategia de desarrollo sostenible.
c) En la esfera político-cultural, si algo apareció con una fuerza inusitada y de manera imprevista en 2015, es el cuestionamiento al actual sistema político y a sus instituciones. Los síntomas ya estaban presentes en una progresiva abstención que fue acompañando a los sucesivos procesos electorales, en la baja adhesión que crecientemente concitaba el parlamento y los partidos políticos, en el envejecimiento de los padrones electorales y de la militancia partidaria y en la desafección juvenil. Se conocían los síntomas, se diagnosticaron las causas, pero no se tomaron medidas ni se actuó en consecuencia.
El estallido de los casos de financiamiento ilegal de la política desde fines del 2014, la evidencia de actuaciones corruptas que estaban amparadas en la impunidad y la transversalidad de los casos denunciados que implicó a figuras de casi todo el espectro político, ahondó el clima existente y es parte del condenatorio juicio ciudadano. En el presente está exacerbada la desconfianza por la evidencia de hechos que se intuían y la irritación se incrementa por la constatación de que las sanciones son leves en proporción al daño causado, dada la insuficiencia de la legislación en la materia.
Son tiempos difíciles para la credibilidad de la política y para la legitimidad de las instituciones, más allá de la oportuna agenda legislativa de probidad y transparencia, de financiamiento y democratización de los partidos que está en discusión en el Congreso. Sus efectos no se verán ahora, pero están elevando los estándares de la política futura.
Todo esto, además, en medio de una cultura que valida el apoliticismo como una virtud, que contrapone la calidad y eficiencia de la técnica por sobre el ejercicio de la política y que le pone al mercado virtudes intrínsecas que le niega al Estado. Sin duda, algunas resquebrajaduras se están produciendo, como lo demuestran las adhesiones a nuevas experiencias de farmacias populares y hasta supermercados populares de productos básicos, iniciativas que están impulsando algunas administraciones locales y que ponen los ojos del cambio en la descentralización.
No nos sorprendamos de cómo han estado funcionado las cosas. Un modelo rentista y concentrador que implica sostener un mercado desregulado, que asimila ideológicamente la diversidad de los ciudadanos con la legitimidad de la desigualdad, que ensalza la competencia como el modo de relacionarnos, no sólo en el mercado, sino en la sociedad y la política, no puede sino consolidarse con una ideología hegemónica que hace de la política un mal necesario y que para algunos puede llegar a ser inclusoun mal innecesario, como los revelan desastrosas experiencias populistas.
Sin duda que en el planteamiento programático de la Nueva Mayoría por una nueva Constitución este diagnóstico ya estaba, así como la convicción de que el debate ciudadano en torno del proceso constituyente puede ser una instancia para reconvocar a la ciudadanía, para crear nuevos puentes con la política activa y fortalecer la democracia. Pero no es éste el único motivo, ni el más importante tal vez para tener una nueva Constitución. Sólo con una modificación en las reglas del juego que sirven de base al modelo institucional de generación y reproducción del poder económico, político y social imperante, consagrado constitucionalmente, la política podrá regresar al dominio de los
