Gremios empresariales nuevamente intentan decretar qué es bueno para la ciudadanía y qué no
La Bancada de Senadores Socialistas refutó el inserto elaborado por las ramas industriales que critica el proyecto que reforma el Código de Aguas. “Los gremios empresariales, nuevamente, intentan decretar qué es bueno para la ciudadanía y qué no”, aseguró el senador y jefe de bancada, Carlos Montes.
Un inserto, publicado en 18 diarios del país y firmado por las principales ramas económicas este domingo 14, criticó la iniciativa legislativa -de larga tramitación- por “incerteza jurídica”, al tiempo que presiona a parlamentarios de las zonas agrícolas en el sentido de pedirles que se opongan a generarle «un grave daño a la agricultura chilena».
Al igual que otras normativas, el actual Código de Aguas fue elaborado en dictadura, sin debate sobre los verdaderos intereses del país y sólo ha sido posible modificar algunas normas, sin que se lograra alterar los fundamentos ideológicos que lo sustentan.
Bajo el actual Código de Aguas se han entregado innumerables derechos de aprovechamiento de agua, asignados en propiedad privada y que se transan en el mercado, generando altos grados de concentración de los derechos y sin estar sujetos a pago de impuestos.
Agua y Cambio Climático
Es importante destacar además que diversos informes internacionales han advertido sobre las consecuencias que el cambio climático está teniendo sobre la disponibilidad de agua. Chile no es la excepción, pues de hecho aparece como uno de los países que exhibe un alto grado de vulnerabilidad, por cuanto su estructura productiva es altamente dependiente del agua.
Como dato, se estima que sobre el 60% del PIB Chile depende del agua. Chile se encuentra dentro de los 30 Estados del mundo con mayor estrés hídrico y es el único país que pasará a un estrés extremadamente alto en el 2040, factor que se suma al fuerte impacto que resultará para la conservación de los ecosistemas de nuestro país.
“En la actualidad el agua de consumo humano alcanza al 6%, muy por debajo del uso que hacen los distintos sectores productivos a los cuales tanto les preocupa la reforma que se tramita. Industrias que muchas veces ni siquiera someten sus proyectos a estudios de impacto ambiental”, aseguró la senadora y ex presidenta de la comisión de Medio Ambiente, Isabel Allende.
El agua es un bien nacional de uso público y es deber del Estado velar sobre este elemento, con una gestión eficiente, racional y armónica que garantice el consumo humano como primera prioridad.
En ese sentido, los parlamentarios PS aseguraron que el deber del Estado pasa por regular a las agrupaciones empresariales, que tienen un importante papel en la escasez hídrica que afecta al territorio.
“Garantizar un desarrollo de Chile que sea sustentable resulta aún más fundamental de cara a la COP25, que se realizará este año en Chile, que hoy debe escoger entre la preocupación de los gremios productivos o la sustentabilidad y la lucha efectiva contra el cambio climático”, concluyó la senadora Allende.
