Es doloroso constatar que no hemos aprendido de nuestra historia reciente
Hoy conocimos el Informe Final de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y en él, una vez más se constata la ocurrencia de graves y reiterados abusos y violaciones a los derechos humanos, cometidas desde que estalló la denominada “crisis social y política” en nuestro país.
Reiteramos que nada justifica, ni aún el escenario de excepción constitucional, el uso desmedido de la fuerza y el abuso de parte de las instituciones de Orden y Seguridad. No se trata de simples incumplimientos a protocolos, ni errores, sino de acciones concretas y reiteradas, que han llevado -especialmente a Carabineros- a actuar de manera represiva, no distinguiendo entre manifestantes pacíficos y violentos.
Es doloroso admitir y constatar que en nuestro país, no hemos aprendido de nuestra historia reciente, pues en el Chile de hoy se siguen violando los derechos fundamentales de nuestros compatriotas, a pesar de los esfuerzos y de la suscripción de tratados internacionales sobre la materia.
El Gobierno una vez más señala que tomará nota, y acogerá las recomendaciones, pero lo cierto es que hemos visto una serie de discursos y acciones por parte del Presidente de la Republica, en las que relativiza la ocurrencia de estas violaciones, y exacerba en cambio, hechos de violencia, según sus dichos «sistemáticos, profesionales y con tecnología de punta», palabras que al polarizar, y no distinguir entre el movimiento social y el vandalismo, nada contribuyen a la búsqueda de soluciones.
Condenamos categóricamente los hechos de violencia, pero el Estado y sus organismos a la hora de controlar el orden público no pueden causar muertes, mutilaciones, detenciones arbitrarias y abusos sexuales, tal como no sólo este informe, sino la labor del INDH y la Defensoría de la Niñez han constatado.
Hace solo un par de días votamos en el Senado la responsabilidad política del ex Ministro del Interior quien pudiendo tomar medidas para evitar la ocurrencia de estos hechos, no lo hizo, faltando a su obligación legal y constitucional, responsabilidad que por cierto, recae en este gobierno.
Reiteramos la necesidad ineludible del Estado de realizar una reforma profunda a Carabineros, que asegure que su preparación, los servicios de inteligencia y quienes estén a cargo de su formación, deben priorizar el respeto a los DDHH.
Esperamos que el Gobierno efectivamente acoja las recomendaciones realizadas por la Alta Comisionada de los DDHH, y de todos los demás organismos que así lo han señalado, para asegurar que en nuestro país, “el nunca más” del que tanto hablamos, sea una realidad.
Finalmente, insistimos en la necesidad de agilizar los procesos que hoy se ventilan en Tribunales para encontrar a los responsables de estos atropellos, actualizar los protocolos de Carabineros con expertos internacionales, y principalmente, crear una comisión que estudie todas las denuncias, encuentre la verdad, se haga justicia y se repare el mal causado a las víctimas.
