Santiago, 7 de febrero de 2012.
Señora
María Ignacia Benítez P.
Ministra
Ministerio de Medio Ambiente
Santiago
PRESENTE
REF: Solicita Audiencia
De mi consideración,
Por medio de la presente, vengo a solicitar se consideren en el proceso de evaluación ambiental los antecedentes que a continuación expongo, en lo relativo al proyecto “Optimización Proyecto Cerro Casale”.
Estimo que no se han considerado en su merito, dada la situación de escasez hídrica que afecta a la Región de Atacama, y en particular a la provincia de Copiapó, los siguientes antecedentes:
1) El proyecto representa el mayor proyecto en desarrollo de explotación de minería aurífera a nivel nacional y representa una significativa intervención sobre la cuenca del río Copiapó. Actualmente ésta es la de mayor sensibilidad hídrica a nivel nacional, con un alto déficit de disponibilidad, que afecta crecientemente la seguridad del consumo poblacional en el marco de un balance hídrico deficitario, que hoy se constituye como una problemática de repercusión nacional.
2) El proyecto explotará para el proceso industrial minero más de 900 litros por segundo de agua en el sector de Piedra Pómez, que resulta un volumen considerable y de eventual alto impacto en las condiciones hídricas de Copiapó, que de acuerdo a evaluaciones hidrogeológicas disponibles, podría tener efectos importantes sobre el balance hídrico del sector altiplánico, lo que no se encuentra justificado sosteniblemente en el EIA por el titular.
3) Una importante consideración es que el estudio reconoce la existencia de un “acuífero regional profundo y difuso”, sobre el cual no se presentan antecedentes de evaluación y no se sistematiza su dirección y flujo. En consecuencia, no se ha evaluado la interconexión eventual con las cuencas regionales -en especial con la de Copiapó- lo que constituye un evidente déficit del Estudio presentado, por la importancia de sus efectos en la situación hídrica regional.
4) La explotación del acuífero de Piedra Pómez generará un impacto de difícil y larga recuperación, que el titular proyecta suplir alimentando el proceso industrial minero con agua de origen marino, si es que no resultase sustentable la explotación de Piedra Pómez. Esta es una incertidumbre que debiese estar resuelta por el titular en el EIA, antecedente que reafirma la insuficiencia de la evaluación hidrogeológica del proyecto.
5) Cerro Casale es uno de los mayores proyectos mineros de grandes dimensiones a nivel nacional y regional. Situado en la cabecera cordillerana de la cuenca del río Copiapó, se proyecta desarrollar mediante la utilización de cianuro como tecnología de extracción de oro, lo que representa una de las metodologías técnicas de mayor complejidad ambiental de la industria minera y que exige probablemente la mayor exigencia de aseguramiento de protección de eventuales efectos ambientales, por sus altas consecuencias y difícil mitigación, en especial con respecto al recurso hídrico y efectos poblacionales.
El proyecto presenta la complejidad de acumulación de grandes volúmenes de lodos de cianuro y drenaje acido de roca como deshecho de la producción de oro, cobre y otros metales, que serán acumulados directamente sobre la cuenca del río Copiapó.
1) El EIA no presenta antecedentes suficientes de diseño que permitan evaluar con la seguridad y exigencia requerida el aislamiento y encapsulamiento del proceso y sus contaminantes y sus eventuales efectos, en especial en referencia a eventos extremos sísmicos e hídricos.
2) Los antecedentes de diseño de la propuesta en relación al sistema de control y tratamiento de aguas de contacto no está suficientemente desarrollado, en especial en lo referido a la pantalla corta-fuga cuyo diseño no permite asegurar el aislamiento subterráneo de recursos hídricos hacia la cuenca. Ello resulta altamente sensible por el alto requerimiento de control de contaminantes que debiese exigir el proyecto, por lo que resulta de primera importancia la reingeniería detallada de la seguridad de los sistemas de acumulación de sólidos y líquidos, y el sistema de control de aguas de contacto.
En otro ámbito, respecto a la evaluación de los efectos del proyecto sobre el Medio Humano, se presentan las siguientes diferencias:
1) El titular no reconoce impactos sobre la población y estructura económica y social de las comunas de Copiapó, Tierra Amarilla y Caldera, con excepción de pequeñas comunidades indígenas Coyas del sector alto de la cuenca.
2) Debe considerarse que en el territorio de la Provincia de Copiapó, en sus áreas urbanas y rurales se está produciendo una significativa transformación social y económica como consecuencia del desarrollo de grandes y medianos proyectos de inversión minera y energética, que están impactando el crecimiento demográfico regional y provincial, generando una fuerte presión sobre servicios básicos y de consumo, tales como agua potable, salud, educación, habitacional, infraestructura, alimentación, entre otros.
Este impacto de crecimiento genera, también, externalidades negativas que actualmente presentan crisis de disponibilidad del espacio público urbano y se expresa especialmente en la crisis de falta de agua para el consumo poblacional de las comunas de Copiapó, Caldera y Chañaral.
1) Cerro Casale es el proyecto de mayor dimensión en desarrollo en la cuenca del río Copiapó -con una proyección de contratación de hasta 11.000 trabajadores en su momento de mayor demanda- generando complementariamente una demanda de servicios asociados directos e indirectos de alto impacto regional y provincial.
2) No resulta aceptable que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por el titular no proyecte ni evalúe los efectos que el proyecto puede generar en el ámbito socio económico y el medio humano de las comunas de Copiapó, Caldera y Tierra Amarilla, lo que técnica y legalmente resulta una falencia estructural de la propuesta, en la medida que desconoce un requerimiento fundamental de evaluación, contemplado en la normativa ambiental vigente.
3) Es recomendable por la alta complejidad ambiental del proyecto, que éste sea evaluado rigurosa y detalladamente, contemplando los espacios y tiempos requeridos. En este sentido, resulta preocupante que la revisión de la adenda de respuesta a las observaciones de los órganos y servicios ambientales del Estado desarrollada por la empresa, sea respondida en un plazo real no mayor de dos semanas, considerando el período vacacional de verano que afecta la disponibilidad profesional de los servicios involucrados, lo que puede afectar la obligación pública de protección ambiental.
En consecuencia, es necesario utilizar los máximos plazos legalmente permitidos para la evaluación del proyecto, incluyéndose la alternativa de una segunda etapa de participación ciudadana, por la sensibilidad social, principalmente, en relación a la disponibilidad hídrica y el consumo poblacional.
Para el detalle de estos y otras falencias del EIA presentado por el titular, le solicito reciba en audiencia, a la brevedad posible, a uno de mis asesores en estas materias, el señor Iván Pavletich, a quien puede contactar a través de su correo electrónico ipavleticriego@gmail.com o a su teléfono celular 9- 5794268.
Sin otro particular, me despido cordialmente, esperando una buena acogida a mis planteamientos,
Isabel Allende B.
Senadora de la Región de Atacama
República de Chile
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