Menú×

Noticias

Paltas, escasez hídrica y falta de acuerdos

Jueves 07 de Junio de 2018
Columna de la Senadora por la Región de Valparaíso, Isabel Allende Bussi, publicada en El Mercurio de Valparaíso, dando cuenta de su posición respecto al conflicto que se ha producido en la Provincia de Petorca, por la sobreextracción de agua.

Durante los últimos días hemos sido testigos de una verdadera guerra de declaraciones sobre la situación del precio cada vez más elevado, en el mercado interno, de uno de los productos que nuestro país comercializa con mayor éxito, en numerosos mercados internacionales, y que en nuestras mesas se hace cada vez mas escaso debido a su alto costo, la palta.

Sin lugar a dudas, la Región de Valparaíso concentra gran parte de la producción de este fruto, entre las provincias de Quillota y Petorca, zonas que coincidentemente se encuentran hace algunos años en una situación de estrés hídrico, lo que ha llevado a la autoridad a decretar zona de escasez hídrica y a tomar medidas que permiten redistribuir caudales y cuotas de riego entre los distintos involucrados.

Ciertamente este es un problema que va más allá del simple, pero complejo alza de precio de este producto, y nos lleva a plantear la necesidad de revisar sus causas, implicancias y consecuencias.

Mientras los productores agrícolas señalan no ser responsables, el alcalde de una comuna alejada de las grandes decisiones como Petorca, Gustavo Valdenegro, alza la voz por su comunidad, y denuncia, lo que para ellos es un desmedido, descontrolado y perjudicial  aumento en el consumo de agua por parte de los productores de paltas, lo que traería como consecuencia poner en peligro el abastecimiento de este vital elemento para las y los vecinos de este sector de la región.

Este conflicto socio-ambiental, a nuestro juicio encuentra su causa en una premisa algo impopular, pero que es necesario que se exprese –en pleno Siglo XXI- y es la desregulación de la agricultura, que durante años ha experimentado un crecimiento exponencial en sus productos de exportación.

La agricultura durante años ha sido tratada como el “pariente pobre” de la actividad económica nacional, al que hay que subsidiar y ayudar para su desarrollo, premisa que encuentra gran sustento hasta nuestros días, pero respecto de la cual ha llegado la hora de hacer una gran distinción. En efecto, es necesario diferenciar ente la pequeña y mediana agricultura, que por cierto requiere de ayuda por parte del Estado, y aquella que hoy se desenvuelve con las mismas reglas que la primera, pero en mercados extranjeros donde los réditos económicos son altamente más favorables que aquellos del mercado nacional.

A este respecto es dable utilizar un ejemplo, por todos conocidos. Mientras una actividad económica como la minería es objeto de un acucioso análisis por parte de una serie de organismos con diversas competencias en el ámbito medioambiental, la agricultura a la que nos referimos, no debe ni siquiera presentar una declaración de Impacto ambiental, sino que basta simplemente tener las ganas de emprender, los recursos suficientes y derechos de aprovechamiento de agua.

Proyectos mineros y de otra naturaleza requieren no solo de la aprobación de nuestro sistema de evaluación ambiental, sino de un sinfín –hasta 700-  permisos sectoriales para desarrollarse, y la gran agricultura, no requiereninguno de éstos.

Es bueno recordar que de acuerdo a la realidad de nuestro país, cerca del 66% del consumo de agua está siendo utilizado en agricultura, un 23% en minería y solo un 7% en promedio, está destinado al consumo humano.

No se trata de favorecer a un sector por sobre el otro, sino de sincerar una conversación cerrada y oculta por aquellos sectores de la industria agrícola que, con el antiguo pretexto de ser intensivos en uso mano de obra, pretenden aún, permanecer en un estado de desregulación.

Se trata de introducir las modificaciones necesarias a nuestra legislación que posibilite el entendimiento de los diversos actores, pues no es posible que la autoridad deba intervenir a través de decretos de emergencia, por la falta de acuerdo de los regantes y accionistas de derechos de agua, de una y otra secciones.

De igual manera, debemos avanzar en que la industria agropecuaria se someta a normas que aseguren el desarrollo sustentable de su actividad, con elementos que reconozcan sus particularidades, pero a su vez con estándares que protejan a las comunidades e impidan el deterioro del medio ambiente.

Es necesario también realizar la Reforma al Código de Aguas, que prohíba la especulación y el acaparamiento de los derechos. Igualmente, avanzar y consolidar la política de construcción de embalses que comenzó en el Gobierno de la Presidenta Bachelet, y al que, una vez más, algunos actores de la industria agrícola del rio Aconcagua se oponen.

Finalmente, debemos establecer una política de manejo integral de cuencas, que permita la gestión del agua, a partir del acuerdo de todos los actores, considerando los intereses involucrados.

Los conflictos socio-ambientales crecen en nuestro país. En el Norte la disputa de las comunidades es con los proyectos mineros; en el Sur, con los energéticos y forestales: y en el Centro, con un sector agropecuario que debe adecuarse a las comunidades en las que se encuentran emplazados. Todo lo anterior en pos de asegurar el consumo humano del agua, y consignarlo como un derecho básico, fundamental para nuestra población.