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Convenio de Escazú y la postergación de su firma: ¿Un gobierno contrario al diálogo y la transparencia ambiental?

Domingo 07 de Octubre de 2018 | Actualizado el 08/10/2018 a las 08:39:54
La postergación de esta firma implica retroceder en derechos humanos ambientales, en vez de progresar. Lo anterior es aún más importante teniendo una crisis socio-ambiental como la de Quintero y Puchuncaví y sólo revela inconsistencia de parte del gobierno.

Esta semana el gobierno ha manifestado que la soberanía de Chile se podría poner en peligro si se firma el convenio de Escazú. Dicha afirmación no solo es imprecisa, sino que además injusta. La editorial de La Tercera del día jueves 4 señala además que “los factores de resolución de eventuales controversias entre las partes podría ser la Corte Internacional de Justicia, o algún mecanismo de arbitraje, ante el riesgo de que asuntos internos terminen resolviéndose fuera de nuestra jurisdicción”. Sin embargo, desde que Chile propuso contar con este instrumento regional lo hizo bajo el entendimiento que sería desde un enfoque de cooperación y no confrontacional.

El acuerdo contiene obligaciones y compromisos de cada Estado con sus ciudadanos, considerando sus circunstancias, prioridades, posibilidades y en el marco de su legislación. Si hubiera controversias entre Estados -muy improbables- se limitarían a potenciales controversias sobre el entendimiento sustantivo de las materias, compromisos y obligaciones tratadas en el texto, las que tienen por fin de ser implementadas nacionalmente, más que establecer obligaciones recíprocas.

La experiencia de la convención de Aarhus de más de 20 años -que es el símil o inspiración de Escazú para Europa- muestra que NO hay controversias en el sentido tradicional de un Tratado que impone obligaciones de Estado a Estado. Por ello, al igual que Aarhus, el Convenio de Escazú crea un Comité para facilitar la aplicación y cumplimiento, el que por definición es no controversial.

Por lo demás, en cuanto a las aprensiones respecto de la Corte Internacional de Justicia, cabe mencionar que el Artículo 19 del Acuerdo sobre Solución de Controversias que consagra dicha posibilidad -el acuerdo no impone recurrir a La Haya- es estándar para tratados internacionales que disponen lo mismo y que han sido ratificados por Chile, como el Convenio de Minamata sobre mercurio, que sancionamos en agosto pasado a instancias del gobierno.

Escazú dispone que los Estados se esfuercen por resolver la materia por medio de la negociación o por cualquier otro medio de solución de controversias que consideren aceptable. Luego, las partes tienen la opción de indicar si someterán las controversias a la Corte de La Haya y/o a un sistema de arbitraje internacional, si es que no se resuelven éstas por negociación u otros medios aceptables para las partes. Es por ello que Chile no tiene ninguna obligación a priori de acudir o ser llevado a la Corte. A mayor abundamiento, se puede, con ocasión de la firma, de la ratificación o en cualquier momento, acompañar una nota aclaratoria.

En definitiva, este tratado apoyará las acciones que ha venido impulsando Chile para avanzar en sociedades más pacíficas, justas y sostenibles. La postergación de esta firma implica retroceder en derechos humanos ambientales, en vez de progresar. Lo anterior es aún más importante teniendo una crisis socio-ambiental como la de Quintero y Puchuncaví, lo que produce una inconsistencia del gobierno y una falta de argumentación que implica una postura ante la ciudadanía contraria al diálogo, la transparencia y la sustentabilidad.