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Con Los Derechos Fundamentales No Se Juega

Miercoles 17 de Abril de 2013 | Actualizado el 28/10/2017 a las 15:01:44
Con Los Derechos Fundamentales No Se Juega

La Senadora de la Región de Atacama, Isabel Allende intervino hoy en la Sesión del Senado donde se votará la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Harald Beyer, argumentando las razones por las que su voto será favorable. "Estamos considerando como jurado, y en conciencia, si el Ministro ha infringido la Constitución y las leyes al no velar con fuerza porque no haya lucro en la Educación Superior, y desde esta perspectiva, la actuación del Ministro Beyer ha sido, y más aun, continua siendo conscientemente negligente y justifica su destitución".

Isabel Allende sostuvo que “no importa para los efectos de este juicio la honorabilidad del Ministro Beyer, su bondad, su excelencia técnica, sus redes de apoyo, su participación en comisiones de educación de la Concertación, como quieren hacer ver quienes hoy lo defienden, sino importa, pronunciarnos sobre los tres capítulos acusatorios, esto es: Infringir el principio de probidad; no haber ejercido un control jerárquico permanente sobre los órganos sometidos a su dependencia; y, en tercer lugar, omitir el cumplimiento de las obligaciones ministeriales, particularmente la de fiscalizar las actividades del propias del Ministerio de Educación".

En este sentido, la parlamentaria sostuvo que “el Ministro Beyer efectivamente ha vulnerado el Principio de Probidad establecido en el Artículo 8º de la Constitución, demostrado en la falta de veracidad en sus actuaciones en torno a las facultades que tiene en su cartera, para fiscalizar y sancionar los actos de los que tomó conocimiento, no empleó los medios idóneos de diagnóstico, decisión y control. Es más, el Ministro ni siquiera reacciona cuando es el propio Contralor General de la República el día 14 de diciembre de 2011 sostiene que: la fiscalización que puede hacer una División de Educación Superior, en el contexto de las sanas y potentes normas que tiene, necesariamente le alcanzan y las potestades fiscalizadoras, normativas y reguladoras del sector las tiene, precisamente, Educación”.

Sobre la acusación de omisión de control jerárquico de la División de Educación Superior, la Senadora Allende sostuvo que “es difícil hacer responsable a un ministro de la falta o negligencia de sus subalternos. No quiero repetir la injusticia realizada con Yasna Provoste, de la cual el propio Ministro consideró su destitución como inmerecida. Eso sí es politiquería, pues se le acusaba de la acción de un SEREMI, el cual meses después fue absuelto de su responsabilidad administrativa por la Contraloría General de la República”.

Agregó que “debiera retomarse la moción de reforma constitucional presentada, que exime a los destituidos de la pena accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos que, a mi juicio, es excesiva”.

En relación al Caso de la Universidad del Mar, Isabel Allende recordó el testimonio que recibió de una apoderada de la Universidad del Mar, Sede Reñaca, en la carrera de Medicina, quien señalara que "por indicaciones del Ministerio se le informó que matriculara a sus hijos en marzo de este año, ya que ellos le aseguraban que a partir del 1º de abril iban a comenzar las clases. Pagó más de $ 400.000 por concepto de matrícula y más de $ 6.000.000 por el año académico, confiando en que la información del MINEDUC era verídica. Sin embargo, a la fecha de hoy, las clases aún no comienzan y se ve cada vez más difícil que eso suceda. Además, los cheques de las mensualidades ya están siendo cobrados y no hay una solución del ministerio para su caso. Claramente hemos sido testigos como la fe pública se ha roto, por lo que la gente no tiene confianza en el rol protector de derechos fundamentales del Estado”.

Finalmente, la Senadora afirmó que "considero sinceramente que el Ministro es culpable y es responsable políticamente de la omisión del deber que le cabe como principal responsable de una cartera tan importante como la de educación, y hoy estamos dando una señal importante: con los derechos fundamentales no se juega”.