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Valoramos La Decisión De La Corte De Apelaciones De Abrirse A Suspender La Licitación Del Litio

Miercoles 26 de Septiembre de 2012 | Actualizado el 28/10/2017 a las 17:16:55
La Senadora de Atacama, Isabel Allende, valoró que se examine la petición realizada con los senadores Rincón, Gómez, Muñoz, Quintana y Ruiz Esquide.

La Senadora de Atacama, Isabel Allende declaró que: “valoro la apertura de la Corte de Apelaciones a examinar la petición que hicimos, junto a la Senadora Ximena Rincón (DC) y los senadores Juan Antonio Gómez (PRSD), Mariano Ruiz Esquide (DC), Pedro Muñoz (PS) y Jaime Quintana (PPD) respecto al recurso de nulidad de derecho público contra el subsecretario de Minería, Pablo Wagner, patrocinado por el abogado constitucionalista, Patricio Zapata”.

La parlamentaria reiteró que: “Como lo hemos venido reiterando, todas las minas son propiedad del Estado y las concesiones a privados están permitidas, con excepción de aquellos minerales que han sido declarados como estratégicos. Este es el caso del litio, que en un Decreto Ley de 1979 fue declarado no concesionable y estratégico, y si es que el gobierno quería realizar esta concesión, debiera haber recurrido al Parlamento”.

La Presidenta de la Comisión de Minería y Energía destacó que: “En esta adjudicación, no hay una asignación concreta, y en este caso Soquimich podría explotar donde quiera. Tampoco se le impone obligaciones específicas e incluso la empresa puede permanecer inactiva, cuando la lógica de este tipo de contratos es que el interés del Estado está en que el socio haga algo concreto. En este caso, el gobierno pretende que se satisface el contrato solo con el hecho de recibir el 7 % de las utilidades, lo que no alcanza a satisfacer el requisito de sinergia público-privada que está en la base de los contratos especiales de operación”.

Finalmente, la Senadora Isabel Allende destacó que: “Nos encontramos frente a un vicio legal, denominado desviación de fin, al tomar normas y usarlas para un propósito distinto. Se está pasando a llevar la finalidad del decreto. El Decreto Supremo 16, de mayo de 2012, no está de acuerdo con la ley ni con la Constitución. Es ilegal”.