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Un Plan Integral Para Solucionar La Crisis Del Agua En Copiapó

Lunes 26 de Septiembre de 2011 | Actualizado el 28/10/2017 a las 18:57:16
La declaración del zona de escasez hídrica de la cuenca del río Copiapó por parte del MOP, es una decisión valiosa y una medida básica para enfrentar esta crisis, pero no constituye la solución definitiva que la comunidad de Atacama necesita, exige y espera.

Isabel Allende Bussi
Senadora de la Región de Atacama

La declaración del zona de escasez hídrica de la cuenca del río Copiapó por parte del MOP, es una decisión valiosa y una medida básica para enfrentar esta crisis, pero no constituye la solución definitiva que la comunidad de Atacama necesita, exige y espera.

Esta medida debe conllevar la aplicación de todos los instrumentos con que la ley faculta a la DGA como redistribuir los cauces de agua. Sin embargo, debemos ir más lejos y aprovechar esta oportunidad para diseñar políticas integrales y de largo plazo.

En el Chile del siglo XXI, orgulloso miembro de la OCDE, es inaceptable que el consumo humano no esté garantizado para nuestra capital regional. Requerimos cambios urgentes en el Código de Aguas que garantice que este vital elemento esté asegurado para los habitantes de nuestra región, como primera prioridad en materia del uso del agua.

En el contexto actual, es fundamental que todos tomemos conciencia que el agua es finita y un recurso natural que le pertenece a todos los chilenos, y no es posible su uso indiscriminado por parte de la industria, resultando imperativo hacer un uso no solo eficiente, sino también inteligente. Lograr el reconocimiento y los objetivos enunciados no es materia fácil de resolver: se requiere voluntad política y el trabajo mancomunado de todos los actores.

El primer paso es aprobar la propuesta el cambio constitucional que hiciera en su momento la ex presidenta Bachelet y que fue retirada por este gobierno como una de sus primeras medidas. Dicho cambio establecía al agua como un bien nacional de uso público en cualquiera de sus estados –como los glaciares- lo que permitiría que en un futuro cercano el Estado recupere los derechos de agua otorgados a perpetuidad a los privados. Hoy sólo lo puede hacer en casos extremos, como determinar el fin de una concesión.

Los nuevos proyectos mineros por un lado generarán crecimiento económico, pero también nos enfrentará a una realidad insoslayable: la población de Atacama se duplicará en los próximos años. Ambos fenómenos –entre otros- traerán consigo mayor demanda de agua en la región, si no corregimos ahora los errores de la legislación vigente ya mañana será demasiado tarde, y los efectos sociales y ambientales negativos serán irreversibles.

La matriz neoliberal con que se formuló el Código de Aguas durante la dictadura y la inmovilidad del mismo en los 20 años de Concertación, han llevado al absurdo de entender el agua como un bien privado de consumo, transable en el mercado, sin considerar los efectos sociales que están implicados, y más aún los derechos humanos que se ven vulnerados por su escasez y mala calidad.

Una vez más, vemos que frente a la aparente imposibilidad de la empresa de asumir los costos para otorgar un servicio constante y de calidad, se acude al Estado, solicitándole un apoyo para Aguas Chañar. Esta situación nos lleva nuevamente a la paradoja de “privatizar las utilidades y socializar las pérdidas”.

Es hora que el Estado asuma no sólo como garante, sino también como protagonista en la provisión del agua potable. La regulación es claramente insuficiente, y no existen mecanismos ágiles y pertinentes para enfrentar situaciones como las que nos aqueja en Atacama, específicamente en la cuenca de Copiapó.

Incentivos tributarios y fomento a la inversión en infraestructura son algunas ideas que han sido propuestas por la Corporación para el Desarrollo de Atacama, Corproa, las que nos parecen un aporte interesante que hay que estudiar. Junto con ello, resulta imperativo que las 28 empresas mineras, responsables del 20% del consumo de agua en la región, realicen un aporte a la solución y no al problema.

Se hace necesario una planificación del manejo de la cuenca del Rio Copiapó, y para ello el gobierno debe proveer los recursos que den viabilidad a esta iniciativa que permitiría un uso eficiente, racional y sustentable del agua atacameña. La construcción de una planta desaladora aparece como otra alternativa posible y viable para nuestra región; sin embargo, el tiempo que tomaría con el actual sistema de concesiones podría demorar entre 4 o 5 años, tiempo excesivo para los intereses y urgencias regionales.

Requerimos que la autoridad nacional tome cartas en este asunto y proponga soluciones. Desde el Parlamento son casi nulas las herramientas que tenemos los parlamentarios, sin embargo insistiremos en la aprobación del cambio constitucional que permita al Estado determinar el uso del agua en nuestro país.

Fotografia www.fecipa.blogpost.com