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Los 33 De Atacama: Hazaña Y Lecciones Para Chile

Viernes 22 de Octubre de 2010 | Actualizado el 28/10/2017 a las 20:22:49
Este largo proceso de setenta días evidenció de lo que como país somos capaces de hacer, con un resultado sorprendente y maravilloso. Pero, también, tenemos la otra cara de la moneda, esa que nos muestra un país desigual e inequitativo, donde las diferencias entre los que tienen y los que no se encuentran desprotegidos es abismante.

Desde un comienzo, cuando llegué el 5 de agosto a Copiapó y me informé de lo sucedido en la Mina San José, los familiares fueron claves para impulsar una búsqueda que al principio parecía imposible. Las mujeres, nuevamente, se irían convirtiendo en el pilar fundamental de todo el proceso: las propias esposas y compañeras, las hijas; las asistentes sociales, psicólogas, cocineras, y nuestra “Alcaldesa”, María Segovia.

Las autoridades, dubitativas al comienzo e incluso -en algunos momentos- conflictuadas con las propias familias, tuvieron el acierto –encabezados por el Presidente Piñera y el Ministro Golborne- de apostar por un rescate que no escatimara en gastos, y que se basara en una amplia consulta y cooperación entre personas, instituciones, y empresas nacionales e internacionales.

La figura de Miguel Fortt representa, probablemente, de la manera más fidedigna el apoyo desinteresado de los rescatistas, quienes voluntariamente acudieron a ofrecer su conocimiento y apoyo para lograr esta hazaña. Él, junto a muchos otros, fue de los primeros en asegurarnos que los mineros se encontrarían con vida. Fue, también, en los inicios la voz de esperanza en medio de tanta incertidumbre.

A su vez, la participación y compromiso a toda prueba de Codelco desde un comienzo, facilitando sus equipos, profesionales, tecnología y conocimientos dieron cuenta, una vez más, de la calidad mundial de nuestra empresa. La acción de Codelco me hizo recordar la visionaria decisión de Salvador Allende de haber nacionalizado el cobre el año 1971, inicio del camino para contar con una empresa del Estado, orgullo de todos los chilenos y que hoy nuevamente se posiciona como una empresa de clase mundial.

Junto con ello, el apoyo decidido de la Intendencia de Atacama, las municipalidades de Copiapó, Caldera, Vallenar y Tierra Amarilla; Carabineros, Bomberos de Chile y, tantas instituciones y personas que se sumaron a este esfuerzo. El rol de apoyo y colaboración de cada uno, los múltiples aportes de empresas privadas mineras, así como la cooperación desinteresada de feriantes, comerciantes, pescadores que diariamente contribuyeron con las familias instaladas en el Campamento “Esperanza”, expresan la amplia solidaridad que se fue generando alrededor de los mineros y sus familiares, y lo que como pueblo hicimos para enfrentar esta tragedia.

Este largo proceso de setenta días evidenció de lo que como país somos capaces de hacer, con un resultado sorprendente y maravilloso. Pero, también, tenemos la otra cara de la moneda, esa que nos muestra un país desigual e inequitativo, donde las diferencias entre los que tienen y los que no se encuentran desprotegidos es abismante; que las condiciones en que trabajan muchas medianas y pequeñas empresas mineras son deplorables; y que la gran mayoría del tiempo se opta por privilegiar el lucro por sobre los derechos laborales. Y eso es lo que está detrás de esta realidad.

No es posible que tengamos empresarios que no tomen todas las medidas de seguridad. Tampoco, que haya trabajadores que por necesidad trabajen en una mina que se sabía que tenía un largo historial de accidentes. Tras toda la exposición mediática que esta circunstancia ha significado para nuestro país, estos aprendizajes no pueden quedar en el olvido.

El accidente de los 33 mineros se produjo por malas prácticas en seguridad laboral, originadas en la ausencia de conciencia empresarial y muy poca responsabilidad. A su vez, se sustentan en una escasa fiscalización por parte del Estado. Estos son los temas de fondo que no podemos dejar de lado y que debemos privilegiar en la discusión, legislando para modificar esa triste realidad, para que nunca más ocurra un accidente de estas características.

Asimismo, el Gobierno ahora debe apoyar y mostrar preocupación por las otras víctimas de la Mina San José: los 300 y más trabajadores que se encuentran con sus finiquitos impagos y con una incertidumbre laboral vergonzosa. Me cuesta creer que las autoridades sigan dedicando tiempo a celebrar el éxito del rescate, y no den aún soluciones concretas a los afectados de la Minera San Esteban. Estamos hablando de más de 300 familias de las que poco se ha dicho en la prensa y que aún están simbólicamente atrapadas en el fondo silencioso de la mina. Mi compromiso está con ellos.

Apoyaré el trabajo de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, y seguiré promoviendo y buscando apoyo para el proyecto que presenté sobre autodespido de los trabajadores en las empresas mineras, cuando éstas no cumplan con las medidas de seguridad. Queremos establecer expresamente en el Código del Trabajo una norma que permita al trabajador de faenas mineras poner término a la relación laboral, sin perder su derecho a indemnizaciones, en el evento que el empleador no cumpla con sus obligaciones en materia de seguridad minera.

Espero que las declaraciones del Presidente Piñera respecto a los cambios que se harán en materia de seguridad laboral y derechos de los trabajadores, y de la aprobación del Convenio 176 de la OIT se exprese en un compromiso de Estado con el “Trabajo Decente”, no sólo para nuestros mineros, sino que para todas y todos los trabajadores de nuestro país. Sólo así tendrá sentido la hazaña de los 33 de Atacama.