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No Vendamos Activos Del Estado En Sanitarias Por Pretexto De Rechazo Al Royalty

Viernes 02 de Julio de 2010 | Actualizado el 28/10/2017 a las 23:40:54
El financiamiento público de la reconstrucción requiere fórmulas creativas de mayor recaudación vía impuestos, créditos internacionales, deuda pública, un verdadero royalty y la utilización de reservas para no afectar el rol del Estado en sectores estratégicos.

La Senadora por la Región de Atacama, Isabel Allende, realizó un enérgico llamado a no vender los activos del Estado en las empresas sanitarias como fórmula para obtener fondos para la reconstrucción si fracasa la propuesta de Impuesto Específico a la Minería que se discute en el Congreso: “El gobierno ha buscado todo tipo de argumentos, presiones y chantajes para no discutir el impuesto específico, mal llamado royalty, y conseguir a toda costa que aprobemos su propuesta que entrega beneficios tributarios a las grandes mineras. Ayer las regiones, hoy la amenaza de vender los activos del Estado en las empresas sanitarias”, señaló.

Refiriéndose a la posibilidad planteada por el Ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, de vender la participación del Estado en las empresas sanitarias para generar recursos que alcanzan a US$ 1.543 millones, para ser utilizados en la reconstrucción, si es que el proyecto del llamado royalty fracasa, la Senadora Allende aseguró: “Deben explorarse posibilidades de endeudamiento público, el uso de los fondos soberanos acumulados por el gobierno de la Presidenta Bachelet, créditos internacionales y reservas, discutir un verdadero royalty, entre otras. Es más, los recursos necesarios este año para la reconstrucción están y lo que hace el gobierno es engañar a la gente diciendo que se los estamos negando. Eso no es real, sólo estamos planteando alternativas que no dañen los intereses del país”, afirmó Isabel Allende.

Finalmente, la Senadora Allende, agregó que “en el caso de las sanitarias donde está del planteándose vender la participación del Estado, se debe tener en cuenta que se va a afectar en el largo plazo el rol de Corfo y la acción pública en defensa de los intereses de la población, del cuidado del medioambiente y de las cuencas en este sector de primera necesidad”.